Lavado de activos, asociación ilícita, evasión impositiva, presunta producción y comercialización de estupefacientes, cobro extorsivo de acreencias propias del grupo y de terceros ajenos a éste y tenencia ilegítimas de armas de fuego. Esos son los delitos por los que el juez Federal N° 2 Fernando Poviña pidió que sean enjuiciados Rubén “La Chancha” y Ángel “El Mono” Ale, líderes del denominado “Clan Ale” en el que también están acusadas otras 14 personas.
La investigación se inició a través de la denuncia que realizó Susana Trimarco, como presidenta de la Fundación Marita Verón, en la Unidad de Información Financiera. Dijo que se investigara a los hermanos porque sospechaba que estaban lavando dinero que provenían de negocios ilícitos. Sobre “El Mono”, dijo que había constituido la sociedad “Point Limits SRL”, cuyo objeto principal serían los juegos de azar y también se dedicaría a la explotación de azúcar y otros servicios agropecuarios. En relación a “La Chancha”, comentó que creó la empresa de remises “Cinco Estrellas”, se dedicó al gerenciamiento del club San Martín junto a su esposa, María Jesús Rivero -también imputada- y además lo vinculó al negocio de la prostitución, las bailantas y al tráfico de estupefacientes.
La UIF investigó el caso y por decisión de su entonces presidente, Guillermo Sbatella, decidió pedir que se investigara al “Clan Ale” y asumió el rol de querellante en la causa. Según sus estimaciones, el grupo manejó de manera ilegal unos $ 63 millones entre 2002 y 2013.
La investigación
Poviña, según consta en el expediente judicial, estableció que el grupo era liderado por los hermanos Ale y María Jesús Rivero y otras 13 personas. En ese sentido descartó de plano que la remisería haya sido propiedad de Ángel Adolfo Ale (hijo de Rubén Ale) y María Fernanda Cuño, sino que pertenecía a “La Chancha” y a Rivero.
“Estamos ante indicios de convicción suficiente que fortifican que la razón social Cinco Estrellas cumplía una doble función. Por un lado permitía realizar los traslados de personas víctimas de explotación sexual y, por el otro, aparentaba realizar un negocio lícito que servía de pantalla ideal para ingresar al circuito legal dinero proveniente de su delictiva organización”, dice el fallo.
Con el dinero que provenía de los negocios ilegales, siempre según la hipótesis de la Justicia Federal, tanto “La Chancha” como “El Mono”, compraban bienes -especialmente autos, camiones y campos- y los ponían a nombres de terceros. En esa lista aparecen varias de las mujeres que tuvieron relaciones sentimentales con Rubén Ale.
El magistrado también sospecha que la Gerenciadora del NOA, empresa que se hizo cargo del fútbol profesional del club San Martín entre 2002 y 2011, también sirvió para blanquear activos. Entre los imputados de integrar esta asociación ilícita aparecen Roberto Dilascio, Fabián González, Rivero y Víctor Alberto Suárez, entre otros que hasta llegaron a ocupar cargos importantes en el club.
Las drogas
Poviña, en la resolución que firmó el jueves, también vinculó a los Ale con el narcotráfico, acusación que nunca habían afrontado hasta el momento: “Estaríamos ante un numeroso grupo de sujetos con una organización estable y planes criminales diversificados, cuyo origen data al menos del año 2002 y que continuarían ejecutándose en la actualidad bajo el mando de los hermanos Ale. Entre cuyos objetivos principales se encontraría la presunta producción y comercialización de estupefacientes”.
El magistrado llegó a esa conclusión a través de la investigación a la que fue sometido Enrique Chanampa. Determinó, en base a escuchas telefónicas y los dichos de un testigo protegido, que éste habría sido el nexo entre el “Clan Ale” con el mundo del narcotráfico. En el allanamiento que realizaron en 2014, en la casa de este imputado encontraron elementos que servirían para la producción y fraccionamiento de drogas.
“Esta defensa, como otras de los 16 imputados, pretendemos que el juicio oral se desarrolle cuanto antes, ya que ese será el mejor lugar para demostrar la inocencia de nuestros defendidos”, señaló José María Molina, defensor de Roberto Dilascio.
Cergio Morfil, representante legal de Ángel “El Mono” Ale, también adelantó que no pondrá ninguna traba jurídica para que se desarrolle cuanto antes el debate. “Esa es la mejor instancia para dejar en claro que no hay pruebas parea semejantes acusaciones. Se podrían presentar varias nulidades, pero desistiremos de hacerlas para que la causa se resuelva cuanto antes”, indicó el abogado.
Los defensores saben que las audiencias no se desarrollarán en este año. Si es que ninguno de los defensores presenta apelación, en los próximos días se definirá el Tribunal que llevará adelante el juicio. Luego se definirán ciertas cuestiones procesales antes de definir fecha de realización del debate. De todas maneras, por la actividad que está teniendo la Justicia Federal, es muy poco probable que se desarrolle antes de fin de año.
“Posiblemente se fije una fecha, pero sólo para poder negarle la libertad a aquellos que se les cumpla el plazo de prisión preventiva. Aquí es norma no dictarles el cese de prisión cuando hay fecha de juicio”, sentenció Molina.
Por otra parte, Morfil cuestionó duramente a Susana Trimarco, que a través de la Fundación María de los Ángeles Verón, realizó una denuncia ante la Unidad de Investigación Financiera para que se investigara al llamado “Clan Ale”. “Si de lavado de dinero hablamos, la señora Trimarco debería justificar los varios (29 creo) millones de pesos del último año”, opinó como forista de LAGACETA.com.
“El gobierno de Néstor y Cristina (Kirchner), los mismos de ayer y hoy, son los que impulsaron este juicio para congraciarse con la Sra. Susana Trimarco. Por favor, los espero/amos en el juicio oral y público de este bluff (mentira, en inglés) del kirchnerismo pero no dentro de mucho sino ya”, agregó
DIRECTOR TÉCNICO.- En el requerimiento de elevación a juicio del juez Poviña aparece mencionado el ex director técnico de San Martín, Carlos Roldán. Según la investigación, Roldán -de varios ciclos en el club- es propietario junto con María Jesús Rivero del hotel Las Palmas del Lago, ubicado en la ciudad turística cordobesa de Villa Carlos Paz.
Un arsenal.- Durante los allanamientos de octubre de 2014 se descubrió que “El Mono” Ale tiene 14 armas a su nombre. La Justicia cree hay otras ocho armas, a nombre de allegados, que también le pertenecen. El valor todas es superior a los $130.000. En la audiencia quedará demostrado que tiene registradas esas armas y los certificados de tenencia y portación según confirmó su defensor Cergio Morfil. El abogado señaló que los permisos fueron firmados por el Registro Nacional de Armas (Renar)
Impuestos.- A pesar de la gran cantidad que manejaba “La Chancha” Ale -según la Justicia, su patrimonio asciende a los $ 7,1 millones- la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informó que en el año 2011 sólo pagó $ 465 en concepto de impuesto a las ganancias y algo más de $ 1.000 por bienes patrimoniales.
El patrimonio de los imputados según los cálculos de la Justicia
Rubén “La Chancha” Ale: $ 7,1 millones.
Adolfo Ángel “El Mono” Ale: $ 14,3 millones.
María Jesús Rivero: $ 1,5 millones.
Oscar Roberto Dilascio: $ 393.766.
Fabián Antonio González: $ 6,4 millones.
Víctor Alberto Suárez: $ 442.685.
Julia Esther Picone: $ 6,4 millones.
María Florencia Cuño: $ 1,5 millones
Valeria Fernanda Bestán: $ 595.750.
Estos son los montos que manejaron algunos de los imputados según figura en en la sentencia realizada por el juez Federal Fernando Poviña.
Rubén “la chancha” Ale
el jefe de la banda
El juez Fernando Poviña entiende que lideró la asociación ilícita que está acusada de lavado de activos, la presunta producción y comercialización de estupefacientes, el cobro extorsivo de acreencias propias del grupo y de terceros ajenos a éste. Consideró que él si fue el titular de la remisería “Cinco Estrellas” y de la Gerenciadora del NOA. Goza de arresto domiciliario por problemas de salud.
LOS OTROS 10 IMPUTADOS
Julia Ester Picone
La acusan de integrar la asociación ilícita por haber conformado con Fabián González una empresa de transporte que habría sido utilizada para el lavado de activos. La Justicia entiende que no pudo haber desconocido las maniobras ilegales que realizaban.
María Florencia Cuño
La última pareja de “La Chancha” está acusada de integrar el grupo que lavaba activos. Ella fue nombrada como dueña de la remisería Cinco Estrellas.
Valeria Bestán
El juez Poviña cree que fue una de las testaferros que tuvo Rubén Ale y manejó, según las pruebas que aparecen en la causa, la tienda que vendía ropa de San Martín en La Ciudadela. Cuando declaró ante la Justicia señaló que fue pareja de “La Chancha” entre 1998 y 2011.
José Augusto Lucero
En los allanamientos realizado en 2014, se le encontró drogas en una mochila. Está sospechado de formar parte de la asociación ilícita.
Ernesto Catulo
También está acusado de haber integrado la asociación ilícita. Su función, según figura en el expediente, habría sido realizado tareas de intimidación a personas para cobrar las deudas que mantenía con la el grupo o amenazar a otros para que realizaran ciertos negocios.
Hernán Lazarte
También está acusado de fomar el grupo. Lo acusaron de brindar información aprovechando su función como Policía de la provincia.
Enrique Chanampa
Además de ser integrante de la asociación ilícita, lo acusan de tenencia, producción y comerciliazación de drogas. Hay escuchar y testimonios que lo involucran teniendo contacto con la “Chancha” y “El Mono”.
Carlos Ocampo
El magistrado sospecha que fue un activo participante del grupo que se dedicaba al lavado de activos. Su función, según consta en el expediente, era la de extorsionar a deudores del grupo.
César Marcelo Manca
Es otro de los acusados de haber formado una asociación ilícita. En la causa no figura con exactitud que función cumplía en el grupo.
Sergio Parrado
Sospechan que este integrante podría haber brindado información al grupo para realizar negocios u otras operaciones. Su situación procesal se agravó luego de que la Justicia tomara declaración a un testigo de identidad reservada.
Ángel “El Mono” Ale
El otro líder del grupo
Para la Justicia, pese a que no tiene participación accionaria en la remisería, está vinculado a los negocios ilegales con los que habría incrementado potencialmente su patrimonio. Con los datos aportados por un testigo de identidad reservada y escuchas telefónicas, el juez Poviña entiende que podría estar vinculado en el tráfico de drogas. También debe afrontar un cargo por tenencia ilegítima de armas.
María Jesús Rivero
También sospechan que fue una “jefa”
Los investigadores sostienen que ella fue una de las propietarias de “Cinco Estrellas”, empresa que supuestamente fue utilizada como pantalla para lavar activos. La misma situación habría desarrollado cuando fue dirigente del club San Martín. Se encuentra detenida en la cárcel de máxíma seguridad de Güemes desde hace 30 meses. La Justicia le rechazó el planteo de cese de prisión.
Roberto Dilascio
Lo acusan de ser testaferro
En una carta que María Jesús Rivero le envió a “La Chancha” Ale, dijo que su pareja era un “prestanombre”. Dilascio, desde 2002 comenzó como colaborador de la Gerenciadora del NOA y terminó siendo su presidente antes de que se disolviera. La Justicia lo acusa de ser integrante de una asociación ilícita creada para lavar activos. En febrero fue detenido en la localidad jujeña en Ledesma. Está detenido en una cárcel de Salta.
Fabián González
La mano derecha de “La Chancha”
Empezó como remisero de “Cinco Estrellas” y terminó siendo pieza clave en la supuesta asociación ilícita. La Justicia sospecha que colaboró en el traslado de mujeres secuestradas con fines de explotación sexual y que fue otro de los testaferros del “Clan Ale”. Ocupó importantes cargos en la directiva de San Martín durante la gestión de “La Chancha” como presidente de San Martín.
Víctor Alberto Suárez
Otro fiel hombre de Rubén
Para el juez Poviña, también formó parte de la asociación ilícita liderada por “La Chancha” Ale mediante las actividades que desarrolló tanto en la remisería “Cinco Estrellas” como en el club San Martín. La Justicia reunió pruebas que se dedicaba a la venta de las propiedades que el grupo conseguía de manera ilegal. Actualmente se encuentra ocupando una celda en Colonia Pinto, Santiago del Estero.